Las grandes petroleras, enfadadas con el gobierno de España

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Malestar en Repsol, Cepsa y BP ante los informes que los culpan de la falta de competencia en el mercado de combustibles.

Los repetidos ataques del Gobierno español , tanto  desde el ministerio de Industria, Energía y Turismo como desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que les acusan de dificultar la competencia, han provocado malestar en las grandes petroleras, que se sienten perseguidas y discriminadas, ya que consideran que otros sectores con mayor concentración tienen mejor trato por parte del Gobierno

Uno de los primeros caballos de batalla del actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue introducir cambios en la ley de Hidrocarburos para favorecer la competencia de estaciones de servicio. La principal medida fue frenar la apertura de gasolineras de las principales petroleras, Repsol, Cepsa y BP, las únicas que tienen refinería propia y controlan toda la cadena de valor, aunque con especial incidencia para Repsol.

Naturalmente, esta medida no sentó bien en las compañías afectadas, pero no se quedó ahí. En los últimos meses han ido cayendo sobre dichas petroleras sanciones e informes de la CNMC por prácticas oligopolísticas. El último, el pasado martes, pero venía precedido de una multa de 22,8 millones impuesta a Repsol y a varias de sus abanderadas, la semana anterior, por pacto de precios.

Barreras de entrada a pequeños operadores 

Competencia publicó una semana después  un estudio sobre el mercado mayorista de combustibles  español  en el que destacaba que «aún persisten importantes barreras de entrada y expansión para los nuevos operadores». Para la CNMC, los culpables so claramente los operadores dominantes: «Una de las principales causas que impiden la aparición y expansión de nuevos operadores petroleros es la propia estructura que ostentan los operadores tradicionales (Repsol, Cepsa y BP)».

Las soluciones a dicha situación que aportaba la CNMC en el informe iban destinadas limitar el control  de los operadores tradicionales, con medidas como poner un tope máximo del 4,99% al capital de CLH  (único operador logístico  en el país) que puede ostentar un solo operador y «evitar totalmente la presencia de operadores con capacidad de refino en España en los órganos de decisión de CLH».

 

 

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