La Anfac denuncia el incumplimiento del derecho de la Unión Europea

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El pasado miércoles 16 de enero llego hasta Bruselas las prohibiciones existentes en España sobre el vehículo diésel. Anfac, la asociación de fabricantes, ha denunciado a la Comisión Europea por las nuevas medidas que se quieren impartir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que expuso el Gobierno de Baleares en agosto. Esta medida, trae como consecuencias que a partir de 2025 no se matricularán nuevos coches diésel en la comunidad, pero si que podrán seguir circulando los ya existentes a la fecha. Además, a partir de 2035 esta normativa se integrará también en los vehículos gasolina.

Dicha medida, también ha sido llevada ante el Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía, la norma que propone el Gobierno de Francina Armangol constituye »un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», y que sus medidas son »arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas». Con lo cual, se trata de algo imposible la interlocución con el Ejecutivo para intentar conseguir un acuerdo. Anfac, ha decidido denunciar la ley anteriormente a su fecha de aprobación por el Parlamento balear y de esta forma, ganar tiempo para evitar su aplicación.

El documento entregado ante la UE declara que Baleares reclama »atajar un supuesto problema de calidad de aire», aunque este es bueno e incluso excelente, y acusa al Ejecutivo socialista balear de infringir libertad de circulación, la libre prestación de servicios y el marco europeo de aprobación de vehículos. En el escrito se manifiesta que »tendrá unos efectos negativos para el sector», en el caso de que se aprobara la ley debería adoptarse medidas cautelares para esquivar la entrada en vigor de la prohibición del diésel.

La anterior aprobación de la ley anunciada por el Gobierno en febrero según señala la Anfac a supuesto »efectos graves» que comienzan a notarse. El año pasado, las ventas de vehículos en Baleares aumentaron tan solo en un 1,8%, muy inferior del 7% del conjunto español. Según su estudio, en seis años de entrar en vigor la ley ningún potencial comparará vehículos diésel, pero se incentivará a usar coches de gasóleo más antiguos y por lo tanto, más contaminantes.

Mario Armeno, el vicepresidente de la patronal, ha declarado que »el efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por nuevos», »es regresivo».

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