Durante el estado de alarma el Gobierno podrá fijar precios de luz y gas y racionar el suministro de gasolina

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Tras decretarse este domingo, 15 de marzo, el estado de alarma en España para detener la propagación del coronavirus, concede al Gobierno autoridad sobre las empresas energéticas: petroleras, eléctricas y operadores de infraestructuras para evitar una subida de precios aprovechándose de la situación.

Ayer se publico un real decreto en el BOE, donde se declara el estado de alarma nacional en España para frenar el coronavirus, este da grandes dominios sobre las empresas energéticas: eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), operadores de infraestructuras (Red Eléctrica y Enagás) y petroleras (Cepsa y Repsol).

El real decreto no permite la nacionalización de las empresas, pero si consiente que el Estado asuma los mandos de forma temporal para poder fijar los precios del gas y la luz, decidir la distribución de las reservas de gas y petróleo, además de poder racionar el suministro de combustible en gasolineras y eliminar las subvenciones a las renovables.

El artículo son apenas cuatro líneas y media  en las que activa varios artículos y por primera vez en democracia, se otorgan amplios poderes al Estado en el sector: “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y en los artículos 48 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

Con este nuevo artículo el Gobierno podría tanto tomar el control del sistema eléctrico y operar cualquier activo energético, como cortar el suministro a cualquier consumidor y determinar el régimen aplicable a las actividades afectadas creando un reparto equilibrado de los costes. A demás, ha anunciado medidas para reforzar operativas, como, por ejemplo, aplazar los pagos de suministro para pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Si llegase el caso de tener problemas de suministros, el Gobierno estaría en autoridad de coger los mandos para transformar el mercado y garantizar el suministro.

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